Colectivos de búsqueda protestan en Xalapa; toman la Comisión Estatal de Víctimas y piden salida de titular
Este lunes, integrantes de 5 colectivos de familiares de personas desaparecidas bloquearon la avenida Américas de Xalapa y tomaron las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas
XALAPA, VER.- Integrantes de 5 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz tomaron las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV), ubicadas en Xalapa, y exigieron la destitución de la comisionada Namiko Matzumoto Benítez, a quien acusan de emitir lineamientos que limitan su participación en las jornadas de localización.
A ocho meses de haber sido nombrada por el Congreso del Estado, los colectivos señalaron que las nuevas disposiciones les impiden acudir a búsquedas si no son familiares directos de la persona reportada como desaparecida, lo que —advirtieron— representa una medida excluyente que revictimiza a las familias y obstaculiza la localización.
Durante la protesta fue bloqueada la avenida Américas, con sentido a la avenida Lázaro Cárdenas. Las voceras acusaron que ahora se les exige un oficio de la Fiscalía para acreditar quién es víctima directa y poder participar en las diligencias.
“Salir a los cerros, meternos a pozos y basureros no es viaticar, es buscar a nuestros familiares. Exponemos nuestra vida”, expresaron.
Afirmaron que los apoyos que reciben durante las jornadas se limitan a traslados y alimentos, y rechazaron que exista un uso indebido de recursos por parte de los colectivos.
Indicaron que todas las búsquedas se realizan bajo carpeta de investigación y con acompañamiento ministerial, por lo que consideraron injustificadas las restricciones. “Si hay muchas búsquedas es porque hay muchos desaparecidos”, señalaron.
Las manifestantes también cuestionaron que la comisionada haya denunciado un presunto desfalco en la administración anterior, pues —dijeron— el monto del supuesto daño económico ha variado en sus declaraciones, pasando de 8 a 25 millones de pesos.
Ante ello, exigieron que, de existir irregularidades, se proceda legalmente contra quien resulte responsable, pero que no se responsabilice a las familias ni se reduzcan los apoyos destinados a víctimas.
“Si hay irregularidades, que denuncien. No es nuestra responsabilidad pagar los platos rotos”, afirmaron. Además, acusaron que la comisionada ha insinuado ante algunas familias que ciertos colectivos se han beneficiado de los apoyos para búsqueda, lo que calificaron como una descalificación injusta.
Lidia Lara, del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, y Marcela Zurita, junto con representantes de agrupaciones de Veracruz puerto, Xalapa, Orizaba, Córdoba y Coatzacoalcos, denunciaron que han sido tratadas con desdén por funcionarios cercanos a la comisionada.
Antes de la toma de las instalaciones, explicaron, sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien les solicitó un plazo de 15 días para revisar la situación; sin embargo, señalaron que no hubo avances, por lo que decidieron manifestarse.
Entre consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Justicia!”, las familias insistieron en que su lucha no es política, sino humanitaria. Reclamaron que, ante la inacción de las autoridades, son ellas quienes localizan fosas y cementerios clandestinos.
Advirtieron que mantendrán la protesta hasta que se revisen los lineamientos y se garantice su participación plena en las jornadas de búsqueda.
Nahle dice que el tema está siendo atendido por Segob
Al referirse el tema, la gobernadora Rocío Nahle García dijo en coneferencia de prensa que la situación ya es atendida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno de Veracruz.
Aclaró que no existe ninguna reducción presupuestal para los colectivos, sino que se está solicitando la comprobación y transparencia en el uso de los recursos públicos que se les entregan. “No se está reduciendo ningún peso”.
Explicó que la revisión corresponde específicamente a los apoyos otorgados a los colectivos, incluidos viáticos, y señaló que varios de ellos están de acuerdo en que debe transparentarse el manejo del dinero.
Sobre las versiones que apuntan a un presunto desfalco del excomisionado, indicó que se trata de un tema distinto que también está siendo revisado por la Secretaría de Gobierno, instancia que dará seguimiento a cualquier posible irregularidad.
